Originalmente, el Proyecto de Ley se aprobó el pasado 13 de octubre en el Consejo de Ministros. Sin embargo, fue el 30 de junio cuando se aprobó de manera definitiva la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal. En Andrés Jiménez explicamos las modificaciones y novedades que introduce esta ley.

Objetivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal

A grandes rasgos, el objetivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal es prevenir y hacer frente al fraude fiscal. Por otro lado, pretende adecuar las medidas y el sistema actual al uso de las nuevas tecnologías.

Entre otras cuestiones, la ley busca terminar con la elusión fiscal y la economía sumergida, que todavía mueve muchos millones de euros en nuestro país.

Medidas para combatir el fraude fiscal

Son varias las medidas aprobadas que quieren terminar o minimizar el fraude fiscal en nuestro país.

Por un lado, se limitan determinadas transacciones en efectivo en las que intervenga un profesional o empresario a 1.000 €. Hasta la fecha, dicha limitación era de 2.500 €.

En el caso de particulares cuyo domicilio fiscal se encuentre fuera de España, dicha limitación pasa de 15.000 a 10.000 € en efectivo.

Por otro lado, contempla la prohibición de las amnistías fiscales por ley. El objetivo de esta medida es no discriminar a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

En otro orden de cosas, se rebaja el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva formar parte del listado de deudores. En este caso, pasa de 1 millón de euros a 600.000 €.

Además, la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal actualiza y amplía el concepto de paraíso fiscal. A partir de ahora, se adopta el término internacional jurisdicción no cooperativa.

Del mismo modo, se prohíben los software de doble uso: su producción, tenencia o comercialización. Es decir, los programas informáticos que pueden manipular la contabilidad de manera fraudulenta.

Igualmente, la ley aumentará el control fiscal sobre las criptodivisas, incluyendo nuevas obligaciones.

Seguidamente, la ley contará con una reforma para actualizar el valor de referencia de los inmuebles para compraventas a partir del 1 de enero de 2022.

En último lugar, se incorporan medidas para prevenir el fraude y la elusión fiscal, así como otras que fomenten el pago voluntario de las sanciones tributarias, como las reducciones.